El día 22-7-20 Tarek Saab informó que su oficina designó dos fiscales para investigar la agresión a tres personas que se observó en un video que circuló en redes sociales. En un tuit horas más tarde, Misión Verdad señaló que los agresores son "funcionarios".
Cuando vi el video mi reacción fue de mucho desagrado, de molestia. No solo por la agresión en sí, sino por lo que ella representa: una inveterada práctica del poder del Estado en Venezuela pero también de la sociedad, que es antigua. El "perdona vidas", el poder para humillar. Para hacerte sentir "te tengo en la palma de mi mano; para que sepas "que te puedo joder y no pasará nada", el "te la calas porque me da la gana", que transversa cualquier clasificación en Venezuela. En nuestra cultura, la sensación de tener poder para "joder" a alguien es orgásmica y catárquica. Hoy muchos opositores sueñan lo mismo que el chavismo en los 80: "se van a joder cuando me toque mandar".
El video muestra a un agresor con el traje típico de estos grupos paramilitares o que quieren mimetizarse con uno de seguridad: un chaleco. El agresor se ve muy distendido, en su rito para agredir y humillar. Juega con el bate, hace un swing, vuelve a jugar con el bate, y golpea en la pantorrilla a un joven que cae.
El comportamiento de los agredidos es interesante, porque no es de miedo. Es de cierto conformismo -aunque hay algún "revire"- como de quien ya asume vivir bajo el control de grupos para agredir. Uno de los agredidos le dice al agresor que si va a golpear a alguien de 60 años. El agresor no lo golpea, y se dirige a otro chico que aguanta el primer golpe. El agresor vuelve a jugar con el bate, y lo golpea nuevamente. El joven cae. El agresor le dice que es un roba piezas de carros, y esa es la lección por robar. Al final, le dice que ponga las manos, y se las golpea con el bate. Al muchacho le dolió el golpe pero, si no escuché mal, el joven se va y dice "gracias", no sé si como alivio porque pudo ser peor. Es decir, le "perdonaron la vida" y eso es tener poder en Venezuela. Todo el mundo sueña con ser un "perdona vidas". Unos con modales, otros sin modales. Es parte de nuestra cultura y ser.
El análisis institucional de estos grupos escapa a esta entrada. Hay profesores que lo hacen con mucho conocimiento como Keymer Avila de la UCV. Mi punto es destacar esta constante en nuestra cultura y que se mantiene.
Durante los gobiernos de AD-Copei existió este tipo de grupos para ejercer violencia primero en el marco de la lucha armada, pero luego una vez consolidada la democracia, como práctica de los cuerpos policiales. Se recuerda la Operación Vanguardia, el Plan Unión, la Manzopol, la ley de vagos y maleantes, la informal "ley de fuga", o la recluta, por citar algunas.
Una sociedad que valora la "mano dura", instituciones judiciales y policiales con reformas pero con una instrumentación que no resulta -los conocedores hablarán de las muchas reformas a las policías de Venezuela a lo largo de la historia- la vida de los agentes policiales con sueldos bajos; que tienen que convivir con una sociedad que se queja de la corrupción pero la estimula, principalmente en funcionarios públicos y policiales; coexistir con la delincuencia y obtener beneficios de eso; la suma produce esa lenidad para la violencia del Estado o promovida desde éste, que hace posible la permanencia de estas prácticas en el tiempo, sea cual sea el gobierno, sean cuáles sean las reformas, sea la del COPP de 1997 o la constitución de 1999 "garantista". Lo anterior, sin entrar en variables culturales, como que el castigo es válido y debe ser aguantado porque es de "hombrecitos" hacerlo.
La diferencia entre AD-Copei y el chavismo es que en los primeros, la agresión institucional era parte del sistema, que se arrastraba desde antes de 1958. Era realizada mayormente por fuerzas del Estado, no por grupos paramilitares como se ve en el video.
No había un sentido propiamente ideológico, pero sí social. Por ejemplo, la recluta no pescaba a "chicos bien". Si pasaba, era por mala suerte, y la persona probablemente sería liberada porque su familia conocía a "alguien" que lograba sacarlo del famoso Pan de azúcar, lugar al que llevaban a los reclutados en Miranda. La recluta estaba diseñada para la gente pobre. Si una persona "bien" quería meterse en las FAN, no iba a ser por la recluta. La agresión era una rutina del sistema. Por ejemplo, en una famosa película de la época, Soy un delincuente de Clemente de la Cerda (1976), a la banda de ladrones que protagoniza el filme los detienen. En el camino, echan broma, y dicen que "nos espera una rumba de palos en la judicial", y luego se preguntan, "¿qué hacer? bueno, aguantar", y se ríen, todo "en joda". O como en esa época se modelaba para aceptar como "normal" los castigos en los conocidos "tigritos". No hay derechos, solo castigos, y "plan y pa'l cualtel" (sic).
Quizás a partir de mediados de los 80 la agresión tuvo algo ideológico, por las tensiones del sistema político que derivaron en las conspiraciones de los 90. Allí sí era una agresión institucional con nombre y apellido. La "masacre de El Amparo" (1988) es un caso emblemático o las masacres de Cantaura (1982) o Yumare (1986).
El chavismo ideologizó la represión de dos maneras, más allá de que ésta era una rutina del sistema. La delincuencial y la política. Esto fue empujado por una característica del chavismo que es la contradicción entre el discurso y sus prácticas institucionales. En buscar un imposible equilibrio entre ser una "revolución" y los "derechos burgueses" que solicitaban en los 80-90, por cierto.
La primera, que fue tolerante con la delincuencia -el debate a principios del gobierno de Chávez con el tema del "hurto famélico", aunque no es el mejor ejemplo para ilustrar mi punto- principalmente porque la vio como un episodio de la lucha de clases. La delincuencia como producto de la explotación "burguesa", y el gobierno no es que la estimulara, pero su discurso dejaba ver a la delincuencia como una cierta venganza "de los explotados" contra los "explotadores". Casualidad o no, pero fue la época en que el secuestro tuvo auge con sus grupos: una forma de sacar renta a la "gente bien".
A pesar que el chavismo ha hecho importantes reformas a la policía visibles en la Conarepol, por ejemplo, el discurso de sus voceros políticos -de Chávez para abajo, y ahora con Maduro- dejó ver que había que luchar contra la delincuencia, pero ésta es "producto del capitalismo". Y es aquí, a mi modo de ver, donde estaba la tolerancia a la delincuencia, hasta que con Maduro el gobierno se percató que la delincuencia no es parte de una "lucha de clases", y aplicó vía FAES algo que no es nuevo en Venezuela: la pena de muerte de facto, que se esconde en los "enfrentamientos a la autoridad".
La segunda, en el plano político. Si bien los estudiosos parecen acordar que la violencia en Venezuela comenzó a subir en 1989 luego del 27-F, en la democracia AD-Copei este incremento se tradujo en una relación tensa desde 1989. La sociedad tornaba más autoritaria -se recuerda la propuesta en el Senado sobre la pena de muerte y el discurso contra los haitianos- pero había contrapesos. La propuesta sobre la pena de muerte fue criticada y no llegó lejos, y Manuel Caballero escribió un célebre artículo en el cual sentenció "sentirse avergonzado de ser venezolano" por los prejuicios que la opinión pública mostró hacia los haitianos durante los 90.
Con la llegada de Chávez en 1999 esos contrapesos desaparecieron. Se justificó la violencia política contra los "escuálidos". Al tiempo que se hablaba de una "revolución democrática", se amenazaba con que no "quedaría una piedra en el este" si a los "escuálidos" se les ocurría "pasarse de la raya". También, que si ocurría un 27-F, lo encabezaría el gobierno para ir al "este".
Si bien la oposición no es inocente en este tema porque también justificó la violencia -en lo macro, el golpe contra Chávez o el paro de 2002, las dos son formas de violencia, o el contrato que no cuajó con Silvercorp, especialmente los anexos en mayo de 2020; en lo micro, el asesinato de Orlando Figuera en el marco de las protestas de 2017- la construcción vino del Estado. Se recuerda la "Lista Tascón" que puso una etiqueta a venezolanos que ejercieron un derecho constitucional. Por cierto, Chávez ganó el revocatorio pero, aún así, fueron ridiculizados, penalizados, perseguidos, y estigmatizados.
En esta borrosa frontera entre la violencia del Estado y la para-estatal, fue donde el chavismo se afincó con grupos armados que existían antes de Chávez, pero con el chavismo se les dio poder y entidad. Más en criollo "guapos y apoyaos" a los que se les permite controlar espacios a cambio, entre otras cosas, apoyar al gobierno. Son los llamados "colectivos" que en la teoría que estudia grupos como estos, se les llama PGM (Pro Government Militias; Carey, Mitchell y Lowe, 2012). Incluso, hay PGM creadas desde el Estado como las FAES.
Si bien el gobierno de Maduro no dista de lo que es una tendencia mundial -la creación de PGM y la "militarización de la policía"; Gohdes y Carey, 2014- que incluso algunos estudiosos observan con preocupación que esta tendencia toma forma en los EUA (De Bruin, 2020), posiblemente por la naturaleza de conflictos políticos que son existenciales pero se dan en marcos institucionales de "democracias liberales". Esto hace que la definición de la violencia sea más resbalosa, aunque no excluye la responsabilidad de sus autores y ejecutores. Solo se dice que el marco liberal no parece suficiente para lidiar con luchas existenciales, y la represión hay que "esconderla" en PGM. También hay gobiernos con vocación autoritaria que pueden apelar a estos grupos, porque hay más conciencia en el mundo sobre los DD.HH y las noticias "son virales".
Por ejemplo, las protestas de 2014 y 2017 son de manifestación distinta a las de 2002 o 2004 (la más parecida) ¿Dónde terminó la protesta pacífica y dónde comenzó la protesta violenta? ¿Son las sanciones una forma de violencia o una aceptada, porque conducirá "a la libertad"? Son temas que nos alejan de esta entrada, que caen en la "filosofía de la violencia", que trasciende este blog.
Por supuesto, lo anterior no excluye la responsabilidad del Estado y del gobierno -en este caso venezolano- pero los conflictos modernos hacen para muchos gobiernos -principalmente autoritarios, pero también en los democráticos; De Bruin, 2020- atractivo el empleo de las PGM porque eluden el control sobre los DD.HH, y en gobiernos democráticos lo que se observa es la "militarización de la policía", como puede observarse en las protestas ocurridas en Chile durante 2019 -aunque los Carabineros son una fuerza tipo gendarmería- y las que se observan hoy en los EUA, en Oregon, por ejemplo, con el empleo de "Feds" con "Military-grade equipment", o agentes sin identificación que agreden o detienen a personas.
En el caso venezolano lo anterior se asume como política de Estado. Ya no se habla de la "unión cívico-militar", por ejemplo, sino de la "unión cívico-militar-policial". Todos los cuerpos de seguridad en uno, y a pesar que la constitución de 1999 para corregir los excesos de violencia policial durante los gobiernos AD-Copei estableció que el cuerpo de policía sería dirigido por un civil, se regresó a la vieja práctica de directores militares, principalmente de la GN.
El Estado, entonces, modela la violencia que las PGM que dejó crecer en la idea de la "lucha de clases", practican a escala cotidiana como se vio en el video cuyos hechos Saab ordenó investigar. El Informe Bachelet de 2019 documentó casos. El gobierno señala que la oficina de la expresidenta de Chile solo entrevistó a "organizaciones de la oposición". No obstante hay casos emblemáticos de la agresión del Estado. Por citar solo tres que a mi modo de ver son claros ejemplos de agresión institucional. Los casos de Rodolfo González (2014), Juan Carlos Pernalete (2017), Rufo Chacón (2019), y el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo (2019).
El caso del marino es importante porque rompe con lo que dice la teoría en las relaciones de las FAN con la represión.
En general, la teoría de las relaciones civiles-militares plantea que las FAN son reacias a la tareas de represión política. Lo evitan porque afecta la cohesión interna de las FAN.
Se dice que uno de los factores de crisis para la caída de Pérez Jiménez fue que los militares resintieron mucho la vigilancia de la SN. Decían que era una suerte de Estado dentro del Estado, que los vigilaba. Pérez Jiménez sacó a Pedro Estrada, y nombró a un militar en la SN, el comandante Teófilo Velasco, pero ya no había nada qué hacer. Pérez estaba caído. Durante la democracia, en los TO estaba la Digepol, y CAP contó que tenía una suerte de "vigilantes" para evitar excesos, que iban a inspeccionar las celdas y centros para los "interrogatorios". Pero no siempre hay éxito en esta separación o se puede prevenir. El Amparo se dio en el marco de un comando civil-militar de la época, el Cejap, o el famoso caso del centro de detención de Abu Ghraib durante la Guerra en Irak, donde las torturas fueron adelantadas por la CIA y el Ejército de los EUA. Pero normalmente los militares evitan las tareas de represión y tortura. Eso queda en manos de cuerpos civiles o de seguridad no militares, como se ve en la conocida película Zero Dark Thirty (2012).
En el caso de Acosta Arévalo fue asesinado por un oficial subalterno y un tropa profesional. Las torturas fueron evidentes al ser presentado ante un juez militar. La Fiscalía imputó a dos funcionarios militares, pero no por tortura. La actualización del Informe Bachelet de 2020 reseñó que se mantienen malos tratos y torturas en la DIM. De manera que este patrón de militares que evitan ser parte de la represión, no se sostiene en el caso del gobierno de Maduro.
Con respecto al video que fue noticia la semana pasada en redes sociales, Saab anunció una investigación. Hay que hacer seguimiento a este hecho. Cuando hay casos así, la Fiscalía actúa rápido, pero no es suficiente. El propio Saab ha informado que más de 500 funcionarios han sido procesados por violaciones a los DD.HH. Pero los casos siguen. Como se comentó al inicio, pienso que ese comportamiento de "perdona vidas" y agresor es parte de nuestra cultura, que se acepta aunque no se reconozca públicamente, pero ahora es modelado y recompensado por el Estado y el gobierno, aunque parece que esto cambia
La teoría documenta que cuando la acción de las PGM se hace visible, los gobiernos tienden a recurrir menos a esos grupos. Puede ser el caso venezolano. Hay algunas señales que pueden indicar que el Estado recupera su autoridad: el caso del secretario de los Tupamaros, acusado de ordenar el asesinato de un trabajador de su finca. Y ahora esta investigación a las personas que agredieron a tres ciudadanos por no "estar en cuarentena". Se incluyen en este punto algunos avances en la relación con el gobierno que el Informe Bachelet de 2020 reconoce, para proteger los DD.HH y que el gobierno se responsabilice por la violencia de sus organismos.
No es suficiente, como se dijo, pero es una señal que el gobierno está consciente que es observado internacionalmente y debe cuidarse de la etiqueta de "Estado fallido" o "Gobierno delincuencial" porque se usa para construir el casus belli para una eventual acción armada en contra del gobierno de Maduro, que se ve lejos, pero que hay que tenerla allí, aunque se diga que eso es "extremista".
Pero mientras exista la contradicción del discurso del gobierno con una práctica que estimula a las PGM, el patrón de agresión no cambiará y seguiremos viendo videos como el que hoy rechaza la opinión, y motivó a la investigación de la Fiscalía ¿Será el gobierno capaz de ir contra su propia creación que son las PGM? Es lo que Saab deberá demostrar. Espero que pueda. Sería un gran avance para pacificar al país, para fortalecer a la carta magna, y poner freno a una práctica que se ha normalizado por la complicidad de las autoridades. Mientras persista, no habrá constitución que valga.
Referencias:
1.-Carey, S. M, Mitchell, N. J, y Lowe, W. (2012). States, the security sector, and the monopoly of violence: A new database of pro-government militias. Journal of Peace Research, 50, 2: 249-258.
2.-Gohdes, A. y Carey, S. (2014, febrero 26). Protest and the Outsourcing of State Repression. Political Violence at a Glance.
3.-De Bruin, E. (2020, julio 23). Trends in Militarized Policing: New Data and Puzzles. Political Violence at a Glance.
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