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jueves, 22 de febrero de 2007

Sociedad congelada
En nuestro país, la normalidad del control político sobre la sociedad se vuelve cada vez más cotidiano. Son muchos los ejemplos. Sin embargo, hay uno que comienza a tomar diversos rostros: la inhabilitación.
En principio, la inhabilitación operó en el campo político, con algunas figuras conocidas como Leopoldo López y Enrique Mendoza, inhabilitadas para el ejercicio de la función pública por un período de tiempo determinado. Ahora se agrega una nueva categoría, "inhabilitación para el ejercicio del comercio" hasta por 10 años, previsto en el Decreto-ley cuyo pomposo nombre es, "Ley especial de defensa popular contra el acaparamiento, la especulación, el boicot, y cualquier otra conducta que afecte el consumo de alimentos o productos sometidos al control de precios".
Aunque no soy abogado, al revisar la Constitución, ésta habla de "inhabilitación política" e "interdicción civil" (arts. 39 y 64), pero no de "inhabilitación comercial", aunque la Disposición transitoria quinta, manda la aprobación de un nuevo Código Orgánico Tributario que establezca la inhabilitación para el ejercicio de profesiones vinculadas a los impuestos (por ejemplo, contadores).
Lo que ahora llama la atención es que se crean nuevas categorías para la exclusión. De lo político, ahora se va a lo social. Lo que comenzó con el lenguaje entre "escuálidos" y "marginales", trocó en la Lista Tascón, y ahora comienza a multiplicarse con mil formas en la inhabilitación. Es el castigo más cruel: la muerte social. Ser borrado como persona. Por supuesto, hay profesiones cuyo ejercicio erróneo o con mala práctica deben ser vigiladas: médicos, abogados, funcionarios de seguridad, entre otros. Nadie quiere ser atendido por un mal profesional de la medicina. Pero el punto se mantiene: la generalización de los tipos de actividad a ser inhabilitados. Hoy es el ejercicio de la actividad comercial, en su más amplio sentido, ya que el Decreto-ley regula toda el área de alimentación que es, "de seguridad del Estado", con unos supuestos muy discrecionales, "medidas preventivas" (art. 12), "noticias falsas" (art. 22), "desestabilizar a las instituciones democráticas" (art. 25), "felicidad social" (art. 6), entre otros.
Lo cierto es que la sociedad venezolana asimila la exclusión política y social como algo normal. Venezuela siempre ha sido una sociedad de etiquetas pero, en el pasado, estas etiquetas -siempre odiosas- eran mayormente inofensivas. Hoy pueden significar mucho. Ya el enemigo no es Bush -quien está guardado de manera conveniente para una mejor ocasión- sino los acaparadores, especuladores, los que hacen boicot, o atentan contra "la seguridad de la nación". Categorías que hoy tienen significado político porque son los nombres para el miedo. Hoy el miedo se llama especulación. Aunque el Decreto-ley establece mecanismos de defensa para los acusados (Num. 3 art. 7, arts. 9 y 11), la sola posibilidad de contemplar que las inhabilitaciones se generalicen, evidentemente tiene un efecto político disuasivo: la prevención. Hoy Venezuela es, también, una sociedad "en preveneción". Ante las amenazas -que las define el Estado- se toman medidas "preventivas" (art. 12), que justifican una suerte de estado de amenaza permanente, con sus etiquetas sociales para construir a los "enemigos de la patria": hoy son los especuladores y ¿Mañana?
¿Cómo se va a materializar esta generalización de la exclusión? ¿En los pasaportes? ¿En la nueva cédula inteligente? ¿En una pantalla que será revisada por los agentes del Estado? Es la politización de la vergüenza para crear culpa y lograr la sumisión y la obediencia. Ante el temor de ser un paria social, "preventivamente" la gente dejará de hacer, pensar o decir cosas.
En esta línea de medidas "preventivas" fue la sanción contra el profesor Claudio Mendoza del IVIC, por opinar sobre el tema de la energía nuclear y la relación del gobierno de Hugo Chávez con la ciencia. Llama la atención lo débil de la respuesta de la comunidad científica ante este hecho. Salvo algunas personas, la respuesta es el silencio o argumentos como que el profesor emitió "opiniones políticas" o el tema de su artículo "no era su especialidad". Evasivos todos. De acuerdo al Director del IVIC, Máximo García, Mendoza tuvo la "oportunidad de retractarse" -otra costumbre que se impone en Venezuela, expiar públicamente las "culpas" para generar vergüenza y conformismo- y la "sanción fue leve" porque el profesor "ya no merecía la confianza". Es la sociedad del "merecimiento" para no ser excluido. No son sólo los elementos materiales, sino ahora simbólicos: status, prestigio, existencia social. Vivimos en la era de la "represión simbólica".

Las personas viven en sociedad. La "carrera moral" (Rom Harré) es tan importante como la "carrera profesional". Al sancionar la segunda se acaba con la primera. Lo que quedan son inhabilitados sociales. Ayer, por la política, hoy por comerciar, mañana tal vez por opinar.
Ahora hay que agregar una nueva clasificación social en Venezuela: los habilitados y los inhabilitados. Estos tienen existencia física, pero no social ni moral. Los nuevos rostros del miedo, que esconden la incapacidad de un país para verse a sí mismo y confrontarse. Una sociedad que prefiere repetir lo ya hecho antes que evaluar lo que ha hecho. Hace unos 10 años aproximadamente, también un Director del Indecu -¿Recuerdan a Lorenzo Tovar?- aplicó medidas de "sanción social" contra especuladores y acaparadores. Fueron puestos al escarnio público. Diez años despúes, se hace lo mismo. Una sociedad que gira siempre sobre los mismos temas, y nunca resuelve. La diferencia es que el escarnio es ahora ley y se vuelve más general. Todos somos sujetos "escarniables".
Para utilizar la expresión de Susana Rotker, las "ciudadanías del miedo".
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