Colmenares Lupión

Si no es por la prensa libre que la dictadura quiere callar con presiones, miedo, y amenazas, no nos hubiéramos enterado que Víctor Colmenares Lupión, responsable del asesinato de la joven Marisol Silva el 13-2-93 y condenado a 30 años de cárcel por el crimen, estaba libre aunque sólo había cumplido 18 años de los 30 años que le dictó la sentencia. Hasta ahora, no se ha explicado cómo estaba libre si faltaban 12 años para cumplir la pena.

Tampoco nos hubiéramos enterado que Colmenares Lupión, ya en libertad, agredió a otra dama, y ésta para evitarlo, saltó de un primer piso y cayó contra el techo de un carro. Tampoco, hubiésemos sabido que la jueza lo dejó en libertad -uno supondría que una jueza tendría empatía con lo que le pasó a la mujer agredida por Colmenares Lupión, y al menos, indagaría más en el caso- y que los fiscales no objetaron el fallo. Ni la jueza ni los fiscales se molestaron en preguntar ¿Quién es Víctor Colmenares Lupión?

La prensa los sacó de la ignorancia al recordar el sonado caso del crimen de la modelo Marisol da Silva, y lo volvieron a capturar pero, caramba, se escapó del tribunal.

En una excelente nota sobre el caso escrita por Edgar López de El Nacional el día 26-5-11, el periodista la termina así, "Nadie puede explicar razonablemente por qué Víctor Colmenares Lupión pudo salir del Palacio de Justicia por segundo día consecutivo sin obstáculos y sin esposas".

Lo que tampoco tiene explicación razonable es la celeridad de la justicia de la dictadura para los casos políticos, pero para los casos en los que se espera una actuación imparcial de la justicia es lenta, no investiga, es complaciente.

El día 25-5-11, tres personas fallecen en un calabozo del CIPC en El Rosal. La explicación del Subdirector del cuerpo -escuchada en el noticiero de Globovisión de las 9pm, día 26-5-11- es bastaste sospechosa, por decir lo menos: los fallecidos tomaron sustancias "tóxicas" antes de llegar al calabozo, y una vez allí, se asustaron y fallecieron por "un edema cerebral".

En una reveladora nota publicada en El Universal el día 28-5-11 por los periodistas Juan Francisco Alonso y Tomás Ramírez González, indican que la Defensoría del Pueblo abordó el caso pero los profesionales de la comunicacionales notaron la poca "energía" de la Fiscalía y de la AN en este caso, que contrasta con la "energía" que le pusieron al caso del video de la Policía de Chacao, que mereció una aparición en los medios de Luisa Ortega Díaz. Ahora, el silencio y Soto Rojas, Presidente de la AN, sólo se limitó a decir, "Aquel al que le violen sus derechos humanos tiene en la AN una instancia de debate".

Agradezco al Diputado Soto Rojas que declare que cuando hay una violación de los derechos humanos, lo que se puede esperar de la AN es "un debate".

Ahora, el parlamento tiene en agenda un proyecto de ley para los "crímenes políticos durante la IV" y luego de tomar conciencia sobre cómo actúa la "justicia" ahora ¿Se incluirán las víctimas de la violencia política durante el gobierno de Chávez, y se incluirán las víctimas de las intentonas de golpe en 1992 en ese proyecto de ley?

¿Se incluirán las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales por los cuerpos de seguridad, de las que el 77% ocurrió a plena luz del día, como lo revela Cofavic, lo que indica el nivel de impunidad que hay en estos casos?

El caso Colmenares Lupión y el de las personas fallecidas en los calabozos del CIPC revelan de manera cristalina cómo la "justicia" en Venezuela no es tal.

Si el fallecimiento hubiera ocurrido en el calabozo de alguna policía de un gobierno de la Unidad, ya hubiera habido una cadena, Luisa Ortega Díaz estuviera anunciando "privativas", Soto Rojas actuando desde la AN, el MIJ hubiese anunciado la intervención de la policía, y todos los órganos de propaganda de la dictadura estuvieran hablando de la "agresión fascista en contra del pueblo, como hacían en la IV".

Pero como los casos ocurrieron en organismos de la dictadura lo que hay es un silencio. Del caso de Colmenares Lupión no se ha dicho nada. Del caso del CIPC, sólo la Defensoría del Pueblo. De resto, el silencio, la censura y auto-censura de los medios de comunicación de la dictadura.

Los casos también revelan que la justicia y los derechos humanos son muy serios para tratar de sacar provecho político con los mismos, como quiso hacer Cilia Flores con el caso de la Policía de Chacao, para tapar la brutal golpiza de los esbirros de la dictadura en Barinas, contra los estudiantes. Hasta el momento en que escribo esta entrada, Cilia Flores no ha dicho nada, ni tampoco el PSUV. Silencio.

Contrasta este silencio y negligencia con la actuación de la "justicia" en casos políticos.

Uno muy conocido es el caso de la jueza Afiuni. "Condenada" por Chávez a 30 años de cárcel en cadena nacional aunque no es juez, sin que la Fiscalía o la Defensoría pusieran en su sitio a Chávez por usurpar funciones que no le corresponden, fue detenida y enviada al INOF. Humillada no sólo en la cárcel, sino que nunca se le ha podido probar el delito del que se le acusa.

La famosa tesis de la Fiscalía -como en todas las dictaduras, lo ilógico es lo racional- "hay soborno pero no hay pruebas del mismo". Con eso se le mantiene en su casa, en una suerte de ostracismo, y cuando tiene que ir al "tribunal", es toda una parafernalia para llevarla, que uno se pregunta por qué esa parafernalia no la tuvo Colmenares Lupión, quien se escapó de un piso 5 con una sola entrada de un tribunal ¿No había seguridad allí? ¿Y la fulana "GNB", usada para humillar a la jueza Afiuni, no estaba en el piso 5 de ese tribunal?

Es que la diferencia entre uno y otro caso es la naturaleza política de los mismos. Colmenares Lupión no tocó los intereses de la dictadura. De aquí la lenidad e indiferencia de jueces y fiscales. La jueza Afiuni tomó una decisión que tocó los intereses políticos de la dictadura, y de Chávez en particular, quien le tiene una cuenta a Eligio Cedeño.

A Afiuni se le humilló para enviar una señal a los jueces del país: no se les ocurra decidir con base en sus criterios y la ley, sino que deben decidir con base en los intereses de la dictadura. Por eso toda esa parafernalia, el "fusilamiento moral" de la jueza que hizo Chávez en cadena, para generar miedo, para arrodillar al poder judicial. Y vaya que lo ha logrado reducir.

La Presidenta del TSJ, Luis Estela Morales, dijo que ven a Cuba como "referencia judicial" para Venezuela. Un Magistrado de apellido Vega dijo que tienen como referencia "al comandante". Esto sin incluir la instalación del "año judicial" ocurrido hace un tiempo, al que fue Chávez, y varios jueces y juezas expresaron sus preferencias "rojas-rojitas", en contra de lo que establece la Constitución. Los garantes de la legalidad sometidos por un caudillo ¿Puede haber justicia así?

Lo que uno tiene claro es que si la delincuencia no toca intereses políticos de la dictadura, no recibirá atención, será lo que hemos visto hasta ahora: justificarla con un discurso de la "lucha de clases y los excluidos", y acciones puntuales como la Policía Nacional y una mayor resolución de crímenes, pero el discurso de odio que viene del gobierno se mantiene (los vamos a "demoler", "pulverizar", por sólo decir algunos).

Tal vez esto explique por qué los crímenes en Venezuela no sólo aumentan, sino que son más destructivos. Hay una destructividad que tiene su base en un discurso del odio que viene inoculando el gobierno desde antes que fuera gobierno. Como dice el refrán, "El que siembra vientos, cosecha tempestades". La tempestad en forma de violencia social se instaló en el país.

En cambio, si la dictadura percibe que sus intereses son amenazados funciona de forma rápida la "justicia": la rapidez de las decisiones y cómo actúa la policía. Todo recubierto de un show en TV, con declaraciones, y toda la parafernalia del "traslado", la "audiencia de presentación", y el "sitio de reclusión". Un reality del terror.

El mensaje no puede ser más demodelor: en la Venezuela de Chávez, las posibilidades de ser sancionado es mayor para una persona que piense políticamente distinto al gobierno, que para un delincuente que cometa hechos penados por la ley.

Si alguna institución está en el suelo es la justicia y la contraloría. El discurso de 1999 era que había que reformar la justicia para "sacar a las tribus de AD y de Copei". Hoy, el panorama no puede ser más desolador. Una justicia arrodillada a los intereses de la dictadura, colonizada ya no por tribus sino por verdaderas mafias, incapaz de cumplir con su trabajo de impartir justicia y, lo más grave, aislada de lo que pasa en el país. Escuchar a Luisa Ortega Díaz y a Luisa Estela Morales es como escuchar a personas que están en otro país, en la realidad del "mundo feliz" de las dictaduras.

Esta semana, voceros del gobierno hablan de los avances tecnológicos. El ministro Menéndez del segundo satélite, y Chávez anuncio que vienen "las pruebas de TV digital". Me conformaría con que en vez de gastar esos millones de dólares en satélites y en TV digital -algo del capitalismo, porque en socialismo no hay TV sino propaganda- invirtieran ese dinero en colocar un sistema automatizado que le permita a los tribunales cruzar la data de los casos que procesan, para que situaciones como la de Colmenares Lupión no se vuelvan a repetir.